Ayudamos en una amplia gama de casos: disputas de arrendamientos (subarriendo o mal uso), litigios de herencias (prueba de la convivencia o del uso de bienes), competencia desleal entre particulares, y fraudes patrimoniales. Nuestro foco es proporcionar la prueba objetiva que falta en su expediente.
La Ley de Enjuiciamiento Civil otorga a nuestro informe el valor de prueba documental y testifical cualificada. El detective acudirá a los Juzgados de Palma para ratificar la prueba, asegurando que los hechos recogidos son irrefutables y decisivos en el proceso.
A través de la vigilancia y el análisis documental. Documentamos el uso real de la propiedad, la identidad de los ocupantes, el subarriendo ilegal o cualquier actividad fraudulenta. La prueba que entregamos es crucial para iniciar con éxito una acción de desahucio o de reivindicación de propiedad.
El coste es una inversión en la seguridad de su patrimonio. Si bien el precio es variable según la complejidad, el retorno es significativamente alto, ya que evita la pérdida de un bien o una gran suma de dinero en el litigio. Buscamos siempre la máxima eficacia en el menor tiempo posible.
Sí, si la investigación es necesaria para defender sus derechos. Nos enfocamos en terceros que puedan estar ocultando bienes, falseando información o beneficiándose ilegalmente del patrimonio. Mantenemos el más alto nivel de confidencialidad para que la prueba sea una sorpresa en el momento procesal oportuno.