La polémica sobre la supuesta investigación del PP a la presidenta de Madrid a través de un detective privado ha vuelto a poner el foco en estos profesionales, cuyo número ha aumentado un 80% en la última década
(*) ACTUALIZADO: 19 febrero 2022
La supuesta investigación desde la cúpula del PP a la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a poner el foco en el papel de los detectives privados para resolver escándalos de corrupción.
En los últimos tres años con datos disponibles, el número de detectives privados habilitados ha pasado de 3.523 en 2017 a los 4.391 en 2020, y solo en 2020 abrieron 85 despachos de detectives en España, hasta sumar un total de 1.238, según la memoria anual del Ministerio del Interior de 2020.
Aunque sus encargos pueden variar desde investigar a un alto cargo hasta detectar fiestas ilegales en viviendas de Ibiza, su actividad está fuertemente regulada y el Gobierno mantiene un registro de cuántos detectives privados hay y los encargos que realizan, así como unas normas sobre los límites de su actividad.
¿Cuántos detectives privados hay en España?
El número de detectives privados ha aumentado en un 80% en la última década, desde los 2.452 que había habilitados en 2010 hasta los 4.391 que registró el Ministerio del Interior en 2020. Aunque el número de despachos se ha ido reduciendo desde 2015, concentrándose en los 1.238 que hay hoy en día.
Las cifras parten del censo que mantiene el Ministerio del Interior de las personas que cuentan con una Tarjeta de Identidad Profesional (TIP), expedida por la Dirección General de la Policía, para trabajar como detectives privados. Para obtenerlo, deben contar con un grado o un curso de investigación privada reconocido por el Ministerio del Interior.
Entre los requisitos, se exige no haber sido sancionado en los dos años anteriores por infracción grave o muy grave en materia de seguridad privada, no haber sido separado de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y no haber sido condenado por intromisión ilegítima en el ámbito de protección del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar o a la propia imagen, vulneración del secreto de las comunicaciones o de otros derechos fundamentales en los cinco años anteriores a la solicitud.
¿Qué pueden investigar los detectives privados?
Aunque las investigaciones que realizan los detectives privados van desde posibles fiestas privadas durante la pandemia hasta aspectos laborales o de relaciones personales, en el artículo 48 de la ley de seguridad privada se establecen ciertos límites. Por ejemplo, no pueden investigar delitos perseguibles de oficio, y deben denunciar cualquier hecho de este tipo, “poniendo a su disposición toda la información y los instrumentos que pudieran haber obtenido hasta ese momento”.
Antonio Labrador, vicepresidente de la Asociación Profesional de Detectives Privados de España (APDPE), explica que todas las investigaciones que realizan los detectives deben figurar en el registro oficial de la Unidad Central de Seguridad Privada de la Policía, “y está a disposición de las autoridades judiciales”.
¿Tienen la obligación de colaborar con la Policía?
Los despachos de detectives tienen la obligación de colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, según recoge la norma. “El propio profesional tiene la obligación de entregar esa documentación”, añade Labrador. “Lo primero es el libro-registro para ver si está registrada y, a partir de ahí, la autoridad judicial puede solicitar el informe, pruebas documentales, gráficas y bibliográficas que existan”.
El vicepresidente de la Asociación de detectives recuerda que “ha habido muchos casos mediáticos, en los que el detective ha tenido una primera intervención y cuando ha entendido que esa función ya no tenía más recorrido porque entraba a formar parte de un delito perseguible de oficio, ha puesto a disposición de las autoridades la información, y se ha retirado”, apunta.
“Lo que el detective no puede ni debe hacer es entrar en guerras políticas. Ahora, si el encargo de investigación viene dado porque tienen sospecha o conocimiento de que desde una Administración pública se puede estar utilizando de forma indebida un dinero público en beneficio de unos cuantos, la Administración no solo puede, sino que debería contratar servicios de detective privado para destaparlo”, argumenta.
¿Cuáles son los siguientes pasos para determinar si existió una investigación de un detective privado?
Además de inscribir cada servicio de investigación en el Libro de Registro, como comenta Labrador, los despachos o los detectives deben presentar un informe a su cliente por cada servicio contratado en el que tienen que figurar los datos de la persona que lo encarga, “el objeto de la contratación, los medios, los resultados, los detectives intervinientes y las actuaciones realizadas”, como recoge la ley.
El detective tiene la obligación de conservar ese informe durante tres años y, en caso de que en ese periodo se abriera una causa judicial y se solicitara al profesional en debida forma, tiene que poner el informe a disposición de las autoridades judiciales o policiales, como explica Labrador.
En caso de que no hubiera ninguna causa judicial abierta ni ninguna otra solicitud por parte de las autoridades, el detective está obligado a destruir el informe después de esos tres años.
¿Cómo se determina el secreto profesional?
La ley recoge que las investigaciones privadas tienen “carácter reservado”, y el resultado de la investigación que realizan “solo se podrán poner a disposición del cliente o, en su caso, de los órganos judiciales y policiales, en este último supuesto únicamente para una investigación policial o para un procedimiento sancionador”.
Labrador señala que “en todas las investigaciones tenemos el deber de reserva, pero el detective privado tendría que poner todos los elementos de prueba que haya podido tener en el transcurso de una investigación que se haya judicializado y más si hablamos de delito público”.
¿Qué otro tipo de investigaciones se han popularizado?
Otra polémica muy sonada en la que intervino una empresa de detectives privados fue el ‘caso Método 3’, en la que se vio implicada la líder del PP en Cataluña, Alicia Sánchez Camacho. Más allá de lo político, los encargos que reciben los detectives privados van desde obtener más información sobre las bajas laborales por covid, hasta luchar contra las fiestas ilegales en viviendas de la isla, como ha anunciado el Gobierno balear, según recoge la Cadena SER.
(*) El artículo se ha actualizado para matizar que el informe que elabora el detective se presenta al cliente y está a disposición de las autoridades durante tres años en caso de que se requiera por una causa judicial.